La norma para regular el uso de dispositivos móviles por parte de alumnos y alumnas en las escuelas –públicas y privadas- unificó dos proyectos presentados por los bloques Neuquén Federal y JxC-UCR y fue votada por mayoría con 23 votos a favor y uno negativo del bloque PTS-FIT-U.
La misma prohíbe en forma total el uso de teléfonos celulares en el nivel inicial y hace lo propio en el primario con ciertas excepciones limitadas a la autorización del equipo directivo. En tales casos, sólo podrán utilizarse bajo supervisión del docente, cuando forme parte de un proyecto didáctico y tras el consentimiento de las familias. Para el nivel secundario, los dispositivos deberán permanecer apagados y fuera del alcance y solo se usarán con fines pedagógicos y cuando lo disponga el docente bajo justificativo exclusivamente didáctico.
Al referirse a la propuesta, el diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) remarcó que la medida cuenta con “mucho consenso social” y aseguró que el objetivo es alcanzar “calidad educativa” en tanto la concentración del alumnado “estará en la clase y no en el celular”. Detalló los posibles peligros a los que se someten las infancias y la juventud frente a la pantalla (grooming, estafas virtuales y apuestas ilegales) y también los problemas físicos y psicológicos como la miopía temprana, la disminución auditiva y los trastornos severos de ansiedad.
A su turno, el diputado César Gass (JxC-UCR) señaló que Neuquén no va a ser una provincia más rica por sus recursos naturales sino por “tener alumnos que comprenden lo que estudian”. Además, enumeró las múltiples consecuencias negativas que los dispositivos generan a nivel neurológico, entre ellos la desconcentración y la escasa retención de la información que se le suministra. “En definitiva, las capacidades cognitivas se deterioran”, sintetizó el legislador.
Por su parte la diputada Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) sostuvo que es una medida que fue adoptada por países desarrollados cuando advirtieron que la calidad educativa disminuyó por el uso indebido de los teléfonos móviles, tales como Francia y China. Asimismo, ponderó que la norma generará un cambio cultural dado que se orienta al “bien común, al fortalecimiento de los procesos educativos, a la interacción entre pares y a la recuperación de la palabra”.
Por el MPN, Gerardo Gutiérrez votó a favor al considerar que se trata de un “primer gran paso en el cuidado de la salud mental” de las generaciones más jóvenes, con elevados índices de intentos de suicidio a raíz del abuso y el uso indebido de las tecnologías. Convocó, además, a iniciar una agenda parlamentaria que retome otros proyectos orientados a la protección de la salud mental dentro y fuera del ámbito educativo.
Al hablar la diputada Mercedes Tulián (PRO–NCN) expresó que la “norma viene a dar respuesta” a la falta de atención de los alumnos en las aulas debido al uso y abuso del celular. Agregó que el objetivo fundamental es “aportar mayor calidad” al sistema educativo y resaltó que el tratamiento de la propuesta fue “nutrido y participativo”.
Por la negativa se pronunció Andrés Blanco (PTS–FIT–U) tras aclarar que si bien coincide con que se trata de una “problemática real”, la medida no precisa cómo se implementará en las aulas, situación que recaerá sobre el personal docente, al que -según añadió- no se le consultó opinión. “Generará tensiones” resumió el legislador tras advertir, además, que “vulnera las autarquías” del Consejo Provincial de Educación que deberá implementar la norma.
En tanto, la ley que aprueba un régimen de prevención y sanción ante hechos de violencia hacia trabajadores y trabajadoras del sistema educativo provincial fue presentada por el gremio docente ATEN y alcanzó 25 votos positivos, 1 negativo (del bloque Cumplir) y dos abstenciones (PTS-FIT-U y FIT-U).
Al actuar como miembro informante, Francisco Lepore (Avanzar) sostuvo que el régimen apunta a “garantizar condiciones laborales seguras y libres de violencia” para el plantel trabajador del sistema educativo. En ese sentido, la ley constituye un “mensaje de esta Legislatura contra la naturalización de las agresiones” a los y las docentes. Detalló los aspectos que fueron modificados en relación al proyecto original, ocasión en la que mencionó, por ejemplo, que el texto final contempla una graduación sancionatoria que va desde trabajo comunitario a posibles días de arresto, en función de la severidad de los hechos.
Desde el PRO-NCN Damián Canuto reivindicó la aprobación de leyes que “sean duras con quienes agreden a los trabajadores de la educación”. Se refirió a la necesidad de “castigar” a quienes actúan mediante agresiones y contrarrestó el argumento de que existe legislación vigente en la materia. “Lo que abunda no daña” concluyó el diputado.
Por su parte, al hablar Darío Martínez (UxP) adelantó el voto favorable del bloque, recordó que su espacio político presentó una medida similar tiempo atrás y pidió la aprobación de una norma semejante para el plantel trabajador del sistema de salud.
Las dos bancas de la izquierda se abstuvieron de votar. Opinaron a favor de generar herramientas que combatan la violencia hacia personal de la educación, pero cuestionaron que la redacción final eliminó medidas para la prevención y la protección -como el acompañamiento psicológico gratuito para la víctima-. En esa línea, consideraron que la norma adquirió un “acento punitivista” que originalmente no poseía.
En contra votó Brenda Buchiniz (Cumplir) tras argumentar que a la violencia hay que abordarla de manera integral y que además, no se realizaron los pedidos de informe a Seguridad para conocer la cantidad de hechos de violencia ocurridos hasta la fecha. Advirtió que “si legislamos para los docentes también tenemos que legislar para los médicos, enfermeros, barrenderos que sufren violencia” y consideró que existe legislación nacional, provincial y resoluciones ministeriales en la materia por lo que pidió no “sobre-legislar”.
El nuevo régimen constituirá un marco de actuación ante hechos de violencia con manifestaciones físicas, verbales, digitales o mediáticas -a través de redes sociales, por ejemplo- dirigida a docentes. Establece protocolos de intervención y sanciones con una gradación desde multas -de 1 a 100 JUS-, 20 días de trabajo comunitario y hasta 30 días de arresto. La norma incorpora estas disposiciones al Código de Faltas en su artículo 63°. Para los agentes públicos que cometan agresiones, sin perjuicio de tales penas, se prevé también la suspensión sin goce de haberes, cesantía o inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años. Si la agresión proviene de un menor de edad, sus padres serán responsables y tendrán la obligación de participar en encuentros con los equipos interdisciplinarios de mediación institucional.
Además, la norma crea la Comisión Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el Ámbito Educativo, como órgano consultivo y de monitoreo de aplicación de la misma. Lo integrarán representantes del Consejo Provincial de Educación (CPE) de los ministerios de Educación y de Seguridad, de gremios docentes y no docentes y del Ministerio Público de la Defensa.
En el marco de la ley, el CPE deberá garantizar un entorno educativo seguro mediante protocolos de actuación dispositivos de seguridad física y electrónica al interior de las escuelas formación obligatoria en convivencia escolar jornadas y espacios de contención institucional con el asesoramiento experto para abordar situaciones de violencia.
La 12° sesión ordinaria comenzó a las 10.55 y finalizó a las 17.45. Fue presidida por Rucci -estando la vicepresidenta 1ra Zulma Reina a cargo del Ejecutivo provincial-, y contó con la participación de 31 diputados y diputadas.
