El Senado de la Nación rechazó este miércoles el proyecto Ficha Limpia que buscaba impedir a condenados en segunda instancia a ser candidatos a cargos electivos nacionales. Su aplicación dejaba fuera de carrera, por ejemplo, a la ex presidenta Cristina Kirchner.
El proyecto obtuvo 36 votos a favor pero 35 en contra. La mayoría requerida era de 37, más de la mitad de los miembros de la Cámara alta. Fue clave el rechazo de los senadores por Misiones Carlos Arce y Sonia Rojas Decuts, que llegaban como aliados del gobierno.
La sesión para debatir el proyecto de ley, que llegaba con media sanción de los diputados, comenzó este miércoles a las 11.45.
La iniciativa fue aprobada en extraordinarias en la Cámara baja el 12 de febrero pasado, por 144 votos positivos, 98 en contra y 2 abstenciones. Establece que las personas con condenas en segunda instancia por delitos de corrupción no podrán ser candidatas a cargos electivos. También estarán inhabilitadas a ocupar distintos roles en la administración pública.
Ficha limpia llegó así al recinto de la Cámara alta tras casi tres meses de quietud. De haber avanzado, Cristina Kirchner no podía ser candidata a un cargo nacional por su condena en segunda instancia en la causa Vialidad.
Por eso, desde el peronismo se considera alproyecto de ley como una persecución y proscripción, con la principal finalidad de que la expresidenta no puede ser candidata en elecciones nacionales.
De todos modos, la aprobación quedó atada a la puja entre el PRO (fuerza que impulsa la normativa) y la LLA, atravesada por la campaña porteña que enfrenta a Lospennato y Manuel Adorni, en la Ciudad de Buenos Aires.
En principio, se especulaba con que había 38 votos favorables para darle la sanción definitiva a la ley. Este número englobaba a LLA y al resto de los bloques, con excepción, obviamente, del kirchnerismo que cuenta con 34 bancas.
En el Senado, se mantuvo el temario acordado en la reunión de Labor Parlamentaria del pasado 22 de abril, que incluyó los pliegos de los embajadores Alejandro Oxenford (Estados Unidos) y Wenceslao Bunge Saravia (España) y la designación de Emilio Viramonte en la Secretaría Administrativa.
La lista original se completó con tratados internacionales y añadieron el proyecto que declara la emergencia para las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales, iniciativa promovida por los tres representantes de la Provincia de Buenos Aires.
