Estamos por presenciar uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia reciente del gaming, pues PlayStation anunció que, a partir de 2028, dejará de producir juegos físicos para sus ecosistemas. Hablamos de un duro golpe para el formato en disco, lo que naturalmente despertó mucha preocupación en torno a temas de propiedad digital y preservación.
A medida que los fanáticos se organizan para boicotear a la compañía en un intento de revertir esta situación, detrás de escena ya se llevan a cabo esfuerzos para, al menos, proteger a los consumidores ante un inminente cambio de paradigma en la industria de los videojuegos.
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A principios de julio, Erika Hilton, diputada federal de Brasil, presentó una solicitud ante la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) de aquel país para que se abra un procedimiento administrativo que invetigue a profundidad el posible impacto que tendrían las medidas de PlayStation en los clientes y jugadores de aquella nación.
La congresista argumentó que la adopción definitiva a un ecosistema meramente digital podría restringir los derechos de propiedad inherentes a los juegos físicos, como la posibilidad de préstamo, reventa, donación y coleccionismo.
Procon-SP, la agencia de protección al consumidor de Sao Paulo, argumentó que, si bien la migración a un formato digital no representa en sí mismo una irregularidad, sí destacó la importancia de respetar de manera íntegra las normas establecidas por el Código de Protección al Consumidor (CPC).
A finales de esta semana, la diputada federal Jandira Feghali propuso un nuevo proyecto de ley que tiene como objetivo evitar que los videojuegos digitales desaparezcan y se vuelvan inaccesibles para los compradores una vez que finalice el soporte oficial.
La propuesta se presentó ante la Cámara de Diputados con la meta de complementar el Marco Legal para la Industria de los Videojuegos, que se aprobó en 2024 en Brasil. Además de presentar obligaciones para los desarrolladores y distribuidores, esta iniciativa incluye directrices destinadas a preservar el patrimonio cultural digital de aquel país.
En su publicación en redes sociales, la diputada Jandira Feghali señaló que el proyecto de ley PL está inspirado en la campaña Stop Killing Games, que precisamente tiene como objetivo evitar que los videojuegos online y digitales se vuelvan inservibles una vez que las compañías deciden cerrar los servidores y retirar el soporte.
"Inspirado en el movimiento Stop Killing Games, acabo de protocolar el PL 3612/2026. Millones de personas en el mundo se movilizaron para luchar por el derecho de jugar los juegos que compraron y convivir con la comunidad que construyeron. Ahora, Márcio Filho y yo traemos esta lucha a Brasil", comentó Jandira Feghali.
El proyecto de ley establece que las compañías deben ser transparentes e informar a los consumidores sobre si los juegos dependen de servidores online en el momento de la compra. Adicionalmente, tienen la obligación de especificar el periodo mínimo de soporte, que no puede ser inferior a 2 años después del lanzamiento en Brasil.
Esta iniciativa presenta 3 opciones sobre qué podría suceder una vez que se anuncie el cierre de un título en línea. En primer lugar, los desarrolladores pueden lanzar una actualización que permita acceder al juego sin conexión a Internet. Por otra parte, los responsables del producto también tienen la posibilidad de proporcionar herramientas a la comunidad para que sean los propios usuarios quienes den soporte al juego.
La tercera y última alternativa es proporcionar reembolsos a los jugadores en función del tiempo que hayan invertido en el videojuego. El proyecto de ley deja claro que el incumplimiento de estas normas, incluida la regla que obliga a las compañías a informar sobre el fin de soporte con al menos 180 días de antelación, conllevará multas.
Aunque esta propuesta es interesante y es un paso en la dirección correcta en materia de preservación y protección de derechos de los consumidores, el proyecto de ley aún debe pasar por numerosas instancias del proceso legislativo de Brasil. Se desconoce si más países de Latinoamérica intentarán iniciativas similares.
Pero dinos, ¿crees que se apruebe la ley? Déjanos leerte en los comentarios.
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