Venezuela afronta una tragedia de dimensiones descomunales. Mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros causados por el doblete sísmico que sacudió el país el 24 de junio de 2026, la gestión de la emergencia se ha convertido en objeto de un intenso debate.
Las críticas ciudadanas apuntan que la respuesta oficial ha sido lenta y descoordinada. Las más duras aducen que incluso se ha impedido deliberadamente que gente acuda a socorrer a las personas más afectadas.
"Es una catástrofe que rebasa a cualquier gobierno, incluso a los más preparados", comenta a DW el ingeniero mexicano Jesús Valdez Aguilar, CEO de Miyamoto, que acompaña sobre el terreno a las brigadas mexicanas de rescate.
Tras recorrer Catia La Mar, en el estado La Guaira, Valdez Aguilar habla de cuadras enteras reducidas a escombros. "Es la situación más grave que me ha tocado presenciar, solo comparable con otros grandes terremotos del mundo", asegura. Según su evaluación preliminar, cerca del 90 por ciento de los edificios de mediana y gran altura presentan daños severos y aproximadamente una quinta parte ha colapsado.
Por su parte, el politólogo Andrés Cañizález sostiene que, aun tratándose de un desastre gigantesco, la respuesta del Gobierno ha sido cuestionable desde el primer momento. La principal, asegura, fue la ausencia inicial de un despliegue visible de las Fuerzas Armadas en las labores de rescate. "Mucha gente demandó o echó en falta esa presencia, sobre todo porque cuentan con equipos y tradicionalmente han sido los primeros en activarse en este tipo de situaciones", explica a DW.
Con él coincide Ángel Rangel, que dirigió Protección Civil en Venezuela entre 1999 y 2001 y acumula cuatro décadas de experiencia en gestión de emergencias: "Uno de los componentes del Estado con mayor capacidad logística y de equipamiento no se activó como cabía esperar", lamenta Rangel, en referencia a las Fuerzas Armadas. Según explica a DW, durante años existieron planes conjuntos entre militares, bomberos, Protección Civil, el sistema sanitario y la Cruz Roja para responder a grandes emergencias, pero esos mecanismos fueron perdiendo prioridad a medida que la institución militar concentró sus esfuerzos en tareas de seguridad interna.
"Las primeras 24 o 48 horas son vitales para salvar vidas y la movilización fue muy lenta", sostiene. Además, Rangel advierte que la llegada de más de una veintena de equipos internacionales de rescate tampoco basta si no existe una estructura nacional capaz de coordinarlos eficazmente. "Las misiones terminan haciendo lo que pueden junto a bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y la propia comunidad, que están trabajando con las manos, sin herramientas, como un gran corazón. Pero, en estos momentos, hace falta mucho más que corazón", lamenta.
En su opinión, el problema no se limita a la reacción ante los terremotos, sino que es consecuencia de años de abandono de la preparación frente a desastres naturales. Venezuela, recuerda, está atravesada por tres grandes fallas sísmicas sobre las que vive la mayor parte de la población. "Los eventos son naturales; los desastres los construimos con nuestras decisiones", sentencia Rangel. A su juicio, durante años no se consolidó una estrategia sostenida para preparar al país frente a terremotos, tormentas tropicales o grandes deslizamientos de tierra.
Desde el terreno, el ingeniero mexicano Jesús Valdez rechaza buscar un único responsable de una tragedia de semejante magnitud. "No hay un gobierno que pueda estar cien por cien preparado para algo así", argumenta. Recuerda que mantener miles de rescatistas y recursos especializados a la espera de un terremoto de estas dimensiones sería inasumible para prácticamente cualquier país, especialmente en uno donde un sismo comparable no ocurría desde hacía más de un siglo.
Por otro lado, en redes sociales circulan videos que muestran a militares impidiendo el paso de personas que quieren ir a ayudar a las zonas de rescate, lo que ha suscitado enormes críticas. Sobre este tema, Valdez confirma haber observado numerosos puntos de inspección militar que ralentizan los accesos a las zonas afectadas. "Entorpecen un poco los traslados, porque obligan a hacer muchos desvíos para desincentivar que la gente vaya hacia La Guaira, como si fueran allí a hacer cosas indebidas. Es un criterio que no comparto, pero fue decisión del Gobierno hacerlo de esta forma", explica Valdez a DW.
2026 ha sido un año en el que el papel de los militares en Venezuela ha estado a prueba, primero con la intervención de EE. UU. para detener a Nicolás Maduro y en junio con la crisis de los terremotos. "Esto deja otra interrogante sobre qué está ocurriendo en las Fuerzas Armadas, eslabón de un Gobierno cuya pata de legitimidad está en el poder de las armas", apunta a Deutsche Welle Andrés Cañizalez.
El politólogo también percibe un importante déficit comunicacional por parte del Gobierno. Mientras el país seguía pendiente del rescate de supervivientes, la imagen que proyectó el Ejecutivo, sostiene, fue la de dirigentes alejados de los lugares más afectados. "En una emergencia de esta magnitud esperas un centro de operaciones desde el que se informe permanentemente a la población. Esa sensación de cercanía no existió durante las primeras horas", señala. A su juicio, la gestión de la crisis está dejando una "profunda insatisfacción" en buena parte de la opinión pública.
(ms)
