Keiko Fujimori, criada entre los pasillos del poder y figura central de la política peruana desde hace veinte años, conquistó la presidencia después de tres fracasos consecutivos. Su apellido divide profundamente a los peruanos.
Tras perder las elecciones en 2011, 2016 y 2021, Keiko Fujimori parecía condenada a seguir siendo la eterna finalista. Su victoria, confirmada este lunes 29 de junio con el 100% del escrutinio, corona más de quince años de intentos por acceder al poder.
Fujimori venció a su rival de izquierda, Roberto Sánchez, por un estrecho margen: 50,13% frente al 49,86% de los votos, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe). La diferencia es de menos de 50.000 votos.
En un Perú que cambia de liderazgos a ritmo febril, con ocho presidentes desde 2016, Fujimori es muy conocida. Su apellido resuena en todos los rincones del país andino. “Es una ‘marca’ que está bien posicionada, te guste o no”, sostiene el politólogo Jorge Aragón.
Administradora graduada en Estados Unidos, devino en una profesional de la política. Ha sido parlamentaria y jefa de su partido Fuerza Popular.
Creció en los pasillos del poder. Tras el divorcio de sus padres, se convirtió a los 19 años en primera dama del gobierno de Fujimori y se codeó con jefes de Estado y otros líderes internacionales.
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Su carrera política ha estado ligada al legado de su padre, Alberto Fujimori. Para sus seguidores, el apellido representa la derrota del terrorismo (Sendero Luminoso y el MRTA) y el control de la hiperinflación; para sus detractores, simboliza una década de corrupción y crímenes de lesa humanidad.
Durante la campaña, Keiko apeló a ese legado de “mano dura” prometiendo una “guerra” contra la delincuencia y el despliegue de militares.
Más allá de esa herencia y esa imagen en campaña, en su trayectoria también se ha enfrentado al sistema judicial peruano, siendo señalada en el Caso Cócteles.
Este fue un proceso donde se le acusó a Keiko de liderar una organización criminal dentro de su partido, Fuerza Popular, para captar y lavar activos de procedencia ilícita destinados a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
En estos señalamientos iniciados en 2014, la señalaban delavar más de 17 millones de dólares. Dentro de los alegatos se indicó que al parecer recibió aportes ilícitos de empresas como Odebrecht, Credicorp y el Grupo Rasmuss, utilizando “rifas” y “cócteles” como fachada.
En ese proceso donde Keiko cumplió prisión preventiva en tres ocasiones (totalizando más de 16 meses de reclusión) entre 2018 y 2020, el fiscal José Domingo Pérez llegó a solicitar 35 años de cárcel por lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsedad genérica.
Sin embargo, el 2 de octubre de 2025, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó el archivo definitivo del caso. Los argumentos centrales fueron que se aplicó la ley de forma retroactiva, pues el delito de receptación patrimonial no existía cuando ocurrieron los hechos, además de que no se acreditó que Fujimori conociera el origen ilícito del dinero y que un partido político no puede ser tratado como una red criminal.
Pese al archivo de este caso, la presidenta electa aún enfrenta procesos abiertos en el Ministerio Público que no fueron alcanzados por el fallo del TC, entre los que están una investigación por presunto lavado de activos y organización criminal relacionada con el financiamiento de su campaña en 2021 y presuntos vínculos con activos del exsecretario de Fuerza Popular y la Universidad Alas Peruanas, Joaquín Ramírez, quien está bajo investigaciones.
La próxima mandataria no ha recibido condenas en su contra, sin embargo, esa misma suerte no la han corrido sus familiares. El caso más conocido fue el de su padre, Alberto, que cumplió una condena de 25 años por las masacres en Barrios Altos y La Cantuta antes de fallecer en 2024.
Su hermano, Kenji Fujimori, fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión por el caso “Mamanivideos”. Hiro y Sachi, otros dos hermanos, han sido investigados por lavado de activos en el Caso Limasa.
Keiko Fujimori se prepara ahora para asumir el mando el próximo 28 de julio, con el reto de unir a un país dividido y gobernar un territorio donde su apellido sigue siendo el epicentro de la discordia política.
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