Con una carta abierta en sus redes sociales, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles 29 de julio su nueva estrategia judicial: una reclamación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU contra la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras públicas.
La exmandataria del país suramericano entre 2007 y 2015, recluida en cárcel domiciliaria desde el 17 de junio de 2025, aseguró que su presentación responde a que considera que en el proceso judicial fueron vulneradas garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En su texto, la líder peronista –que se identifica con el apellido Kirchner de su difunto esposo, el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007)– expresó su "convicción" de que el Derecho Internacional Humanitario es "una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder".
No es novedad que Fernández y su defensa denuncian irregularidades y "persecución" en el proceso judicial en su contra de la denominada 'Causa Vialidad', que indagó la adjudicación de 51 contratos públicos de obras viales en la provincia de Santa Cruz (bastión de los Kirchner) al empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Fernández.
El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 estableció la mencionada condena a Fernández por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, una sentencia ratificada el 10 de junio de 2025 por la Corte Suprema. Sin más instancias legales a las que recurrir a nivel nacional, ahora la defensa se vuelca al plano internacional.
Entre los puntos que recurre la exmandataria está la inhabilitación perpetua para la función pública, lo que calificó de "proscripción" y "una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo".
"No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política", subrayó.
En su misiva –que fue acompañada por la publicación de columnas similares en los periódicos 'El País' (España), 'Libération' (Francia) y 'Folha de S. Paulo' (Brasil)–, Fernández defendió su inocencia y aseguró que la persecución en su contra también se debe a su condición de mujer, dado que, según ella, existe un "machismo estructural" en sectores del sistema judicial argentino.
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En una conferencia de prensa en Buenos Aires, el equipo legal de Cristina Fernández dio detalles de la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dispone, además de la revisión de la sentencia y del proceso en sí, la solicitud de tres medidas cautelares, las cuales deberían resolverse primero, en cuestión de meses.
El primero de los recursos demanda la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos porque, de acuerdo con el documento legal citado por medios argentinos, los tres abogados de la defensa de la expresidenta consideran que "se basa en evidentes arbitrariedades" e "incumple precedentes claros" del comité.
Una resolución favorable en este punto podría abrir la puerta a una posible postulación de Cristina Fernández en las elecciones presidenciales de 2027, en las que el ultraderechista Javier Milei buscará su reelección y, según varias encuestas, parte como favorito frente a una oposición peronista sin un liderazgo claro. Por eso, la figura de la exmandataria, aunque divisiva para la sociedad argentina, emerge otra vez como una opción fuerte para algunos sectores de esa fuerza política.
En un segundo pedido de amparo, los letrados reclaman modificaciones a un régimen de prisión domiciliaria que consideran excesivo. Entre los pedidos están el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de las restricciones de visitas, el acceso al aire libre, el "cese del trato discriminatorio y degradante" y que las autoridades argentinas no responsabilicen a Cristina Fernández por las manifestaciones de terceros frente a su domicilio.
La esquina de San José 1111, en el barrio Constitución de la capital argentina, se ha convertido en un punto de peregrinación y protesta de los seguidores de la exmandataria, quienes consideran injusto su encarcelamiento.
Partidarios de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se manifiestan después de que un juez argentino aprobara su solicitud de cumplir su condena de seis años de prisión por corrupción en su país, en Buenos Aires, Argentina, el 18 de junio de 2025.
El tercer recurso discute la composición de la Corte Suprema, actualmente integrada por tres miembros, lo que para los abogados "afecta el Estado de derecho y el derecho a un recurso efectivo".
El Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá analizar en una primera etapa si el reclamo es admisible y, si lo considera procedente, podrá requerir información al Estado argentino antes de dictar una resolución.
Aunque la cuestión de fondo –la revisión del proceso y la sentencia– puede demorarse algunos años, los abogados confían en que los recursos se resuelvan en los "próximos meses". Y aseguran que decisiones del comité son vinculantes, en función de los tratados internacionales a los que Argentina está adscrita, una lectura que algunos especialistas ponen en duda.
Para su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al equipo legal de Cristina Fernández, liderado por Carlos Beraldi, se sumaron dos abogados de carácter internacional: el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego.
Valim, especializado en derechos constitucional y 'lawfare' (el término utilizado para referirse al abuso o instrumentalización de la justicia en contra de un personaje público), fue uno de los encargados de la defensa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la causa Lava Jato, por la que pasó 580 días en prisión antes de que el proceso fuera anulado por irregularidades procesales. En aquella instancia, el equipo legal de Lula consiguió una resolución favorable del Comité de la ONU.
En tanto, Borrego cuenta con una vasta experiencia relacionada con organismos europeos de derechos humanos y, entre otras funciones, fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
De izquierda a derecha, Javier Borrego, Alberto Beraldi y Rafael Valim, abogados de la expresidenta argentina Cristina Fernández, brindan una rueda de prensa sobre el recurso presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la condena en su contra en la causa 'Vialidad', en Buenos Aires, el 29 de julio de 2026.
En la conferencia de prensa, los tres abogados consideraron que hay elementos para recurrir a instancias internacionales y que se optó por ir directamente al Comité de Naciones Unidas porque hay un acceso más directo y mayor rapidez en las resoluciones que, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
Lo que algunos expertos señalan es que, al ser una situación inédita en el ámbito judicial del país, no está claro que las eventuales resoluciones del Comité vayan a ser acatadas por la Corte Suprema, que en el pasado solo ha reconocido como vinculantes algunos dictámenes de la CorteIDH, pero no hay antecedentes de fallos revisados por el órgano de la ONU.
Para Valim, la presentación "no es un acto de agresión a la Argentina ni a su sistema judicial", sino que plantea"que se respeten los derechos de una ciudadana argentina, no queremos un tratamiento excepcional".
"Por eso ponemos bajo escrutinio de un organismo internacional cuyas decisiones son vinculantes en Argentina para que evalúen lo que han hecho los fiscales y autoridades argentinas en este caso", subrayó.
El abogado brasileño Rafael Valim, uno de los letrados que se sumó a la defensa de la expresidenta argentina Cristina Fernández, habla en una rueda de prensa en Buenos Aires, el 29 de julio de 2026.
En ese sentido, el jurista brasileño insistió en que la Causa Vialidad tuvo "gravísimas violaciones" y el fallo "es un escándalo". Entre las irregularidades, se refirió a que los convenios problemáticos fueron firmados por "un ente autárquico" (la Dirección Nacional de Vialidad, que maneja su propio presupuesto y administración, a priori descentralizada del Poder Ejecutivo) y que, "si lo tomamos en serio, ningún presidente en Argentina quedaría libre una vez que cumple su mandato".
Por su lado, Borrego insistió en que Argentina "ratificó el pacto de derechos civiles y políticos" que "tiene jerarquía constitucional", por lo que es posible recurrir al Comité de la ONU para revisar la sentencia a Fernández.
El abogado español también resaltó que en la causa contra Fernández se encontraron "tantísimas violaciones (de derechos) y arbitrariedades" y sostuvo, como la expresidenta, que la "hostilidad" contra ella ocurre "porque es una mujer".
"En la judicatura y la fiscalía argentina hay mayoría de mujeres. Cristina Kirchner ha conocido cuatro instancias y no ha coincidido con ninguna mujer ni fiscal ni juez. La Causa Vialidad es puras contradicciones", aseveró.
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Por último, Belardi añadió que las declaraciones realizadas por Milei y el exmandatario conservador Mauricio Macri, en las que parecen adjudicarse méritos por la condena contra Cristina Fernández, "están incorporadas en el expediente como pruebas de que hay un ambiente hostil y una presunción de culpabilidad", elementos que apuntan a "una persecución injusta" contra la exmandataria.
Con EFE y medios locales
